Artículo publicado por el vicepresidente segundo de la H Cámara de Diputados de la Nacion, Mario Negri en La Voz del Interior del 20 de agosto de 2012
Todo lo que ha hecho el Gobierno hasta ahora es querer tapar el sol con las manos, y con esto pretende dar punto final al caso de corrupción más emblemático de la gestión kirchnerista.
El oficialismo sacó de la noche a la mañana un proyecto para estatizar la polémica empresa Ciccone Calcográfica –que ha estado en boca de todos por la causa judicial que involucra al vicepresidente Amado Boudou en un escándalo de corrupción– e invoca que la oposición ha presentado proyectos en el mismo sentido.
En medio de un país convulsionado por la inflación, las provincias en quiebra, los ajustes, la falta de insumos, el acoso a la prensa, la inseguridad y la intolerancia, el Gobierno sigue burlándose de la población, al plantear la estatización de Ciccone como una política necesaria en términos de soberanía, cuando no quedan dudas de que se trata de una necesidad judicial del vicepresidente.
Si de soberanía se trata, hubiesen invertido en la Casa de Moneda, para no tener que echar mano a empresas privadas o, peor aun, tener que mandar a imprimir billetes al extranjero. En cambio, se pagó un contrato de más de 50 millones de pesos, un alquiler para imprimir billetes y convalidar un negocio escandaloso.
Este no es un debate sobre estatización sí, estatización no. Esta es una maniobra, dado que el vicepresidente de la Nación y la empresa en cuestión se encuentran vinculados por un escándalo de corrupción que debe ser esclarecido por la Justicia sin intervención alguna del Estado, con garantía de independencia de los poderes.
Patear para otro lado. Es inaceptable que, cada vez que el Gobierno tiene un problema judicial por falta de transparencia o por vinculación de los propios funcionarios, acuda a una medida que le permita patear la pelota para adelante o, de lo contrario, tratar de poner un manto más oscuro aún sobre la información requerida.
Desde el bloque de diputados radicales, hemos presentado unas 14 solicitudes de acceso a la información y cuatro proyectos de solicitación de informes, la constitución de una comisión investigadora y la concurrencia de los funcionarios involucrados a las comisiones pertinentes de la Cámara Baja. Todas las respuestas fueron negativas.
Solicitamos se nos informen datos mínimos para poder discutir una estatización, como cuál es la composición accionaria de la empresa, cuáles son los dueños, cuánto se debe, a quién se le debe... Y somos totalmente ignorados por el Poder Ejecutivo.
Debe ser la primera vez que se habla de la expropiación de una empresa y no queda claro ni siquiera a quién se la van a expropiar. ¿Y si Boudou es el dueño de la ex Ciccone? ¿El Estado va a pagarle tras la expropiación? Es, por lo menos, grotesco.
Sin excusas. Ahora, con la empresa intervenida, no tienen ningún tipo de excusa para no satisfacer nuestras demandas e informar lo que se les ha solicitado, si es que pretenden actuar con transparencia y seriedad.
Sin embargo, no sería sorprendente que sigan haciendo oídos sordos a las demandas del Poder Legislativo.
Hacen caso omiso al Congreso de la Nación; lo utilizan como un simple paso para sacar leyes de manera exprés, y no dan quórum cuando el proyecto por tratar no es de su conveniencia.
No se prestan al debate, lo cual es una seria falta al sistema democrático y una actitud inadmisible en nuestro país, donde el Congreso estuvo clausurado durante años por sangrientas dictaduras.
Es necesario que el Gobierno tome en serio al pueblo argentino y deje de subestimarlo con sus mentiras de leyes que encubren corrupción, con índices del Indec ridículamente irreales, con planes de viviendas que no son cumplidos, con la intolerancia hacia quienes piensan distinto.
Boudou debería haber sido apartado de su cargo e investigado, y la empresa Ciccone no debe pasar a manos del Estado para que el caso se pierda en una nebulosa.
Burla a la sociedad. Todo lo que ha hecho el Gobierno hasta ahora es querer tapar el sol con las manos y con esto pretende dar punto final al caso de corrupción más emblemático de la gestión kirchnerista.
La estatización de Ciccone en este momento es una maniobra obscenamente oscura. Y que quiera ser enaltecida detrás de un concepto tan noble como el de soberanía, es una burla a toda la sociedad.
No se trata ni de un ataque de los medios ni de cualquier otro enemigo inventado por el Gobierno; se trata de legisladores que también fueron elegidos por el pueblo y, como tales, merecen las explicaciones que demandan para garantizar la transparencia en las medidas que se pretenden tomar.
Desde la oposición, llegaremos hasta las últimas consecuencias para que el Gobierno no atropelle al Poder Judicial como pretende hacerlo con el Legislativo.
Somos los encargados de velar por el respeto a los pilares de nuestra democracia y no habrá maniobra que nos niegue lo que nosotros creemos es un derecho de todos los argentinos: el derecho a la verdad.
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